El cuerpo colegiado y gremio especializado de investigadores de la comunicación en México expresamos nuestra preocupación por el contenido de la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión el 24 de marzo.

Dicha iniciativa de ley se aleja del espíritu de la reforma constitucional de telecomunicaciones y radiodifusión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, tras décadas de atraso legislativo en materia de medios de comunicación. Los legisladores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión deberán aprobar en el actual periodo legislativo de sesiones que concluye el 30 de abril, una ley convergente que garantice con certidumbre el desarrollo integral de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión los próximos lustros.

México no puede volver a perder la oportunidad de integrar a sus ciudadanos a la Sociedad de la Información y el Conocimiento y de ofrecerles las ventajas sociales de un sistema de medios de comunicación democrático acorde a las nuevas necesidades del país y el avance tecnológico.
La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se aleja de los principios rectores de la Constitución en términos de servicio público de interés general, derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), competencia, convergencia, pluralidad, cobertura universal y acceso libre y sin injerencias a las tecnologías y redes de comunicación.

En cambio, la iniciativa de ley regula y reglamenta de manera insuficiente la reforma constitucional e incluso, se opone a ella en diversos aspectos con el riesgo del atraso digital, de las tentaciones de control antidemocrático de los medios y la censura así como de vulnerar los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las TIC.

En materia de telecomunicaciones, la propuesta del Ejecutivo Federal regula de manera desequilibrada y no simultánea (como señala el dictamen y la exposición de motivos de la reforma constitucional) a los agentes económicos preponderantes de telecomunicaciones (América Móvil y Telmex) y radiodifusión (Televisa), dejando a este último sin controles suficientes; subordina las facultades y atribuciones autónomas y técnicas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación y de Hacienda; admite que el IFT no defina sus propios mecanismos de mejora regulatoria y de emisión de lineamientos en materia de contenidos.

En materia de derechos, obliga a que el IFT delegue en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) su obligación de fomentar, promover y defender los derechos, quejas y denuncias de las audiencias y usuarios de telecomunicaciones, sin poder mediar y sancionar las prácticas comerciales, tarifarias y de deterioro en la calidad que atenten contra la debida prestación del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión; elude los derechos de las audiencias y de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, dejándolos en la indefensión por carecer de facultades sancionatorias; llama a que el IFT integre un Consejo Consultivo inoperante, sin auténticos mecanismos de incidencia en la toma de decisiones del Pleno del IFT, con cabida para los representantes y cabilderos de los operadores, pero sin espacio para especialistas en comunicación, audiencias, contenidos mediáticos y convergentes y derechos humanos.

En materia de contenidos, la iniciativa coloca la regulación y supervisión de los mismos, el cumplimiento en la transmisión de los tiempos oficiales, de los encadenamientos nacionales y los boletines oficiales en manos de la Secretaría de Gobernación, cuando se creó un organismo regulador autónomo, competente, técnico y especializado en la materia; también abandona la regulación en materia de tiempos de transmisión publicitaria y programación destinada al público infantil bajo control de la principal secretaría política del país, cuando debiera ser facultad del IFT, como ocurre en países avanzados como Reino Unido o Francia.

En materia de radiodifusión y medios, la iniciativa carece de reglas de propiedad cruzada de medios tan completas como lo marca la constitución y no define límites porcentuales o de otra índole a la concentración de la propiedad mediática en canales de televisión abierta, señales de TV de paga, estaciones de radio y medios impresos por localidad.

En materia de medios públicos y de uso social, se propone una ley que crea un Sistema Público de Radiodifusión subordinado políticamente a la Secretaría de Gobernación en lugar de dotarlo de auténtica autonomía e independencia editorial, en oposición a las mejores prácticas internacionales; también discrimina y dificulta a los concesionarios públicos (medios públicos) y sociales (medios comunitarios e indigenistas) para que adopten mecanismos de autofinanciamiento y sustentabilidad financiera por presiones de los medios electrónicos privados.

En materia de comunicación e igualdad de género, esta iniciativa no promueve el derecho humano de las mujeres a comunicar, lo que involucra garantizar su acceso y participación paritaria en las empresas de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y en particular su influencia en los procesos de toma de decisión.Tampoco señala mecanismos que garanticen la erradicación de estereotipos que promueven la violencia de género en los contenidos mediáticos.

En términos de políticas públicas, torna más errática la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) al posponer el “apagón analógico” de algunas estaciones de televisión hasta el 31 de diciembre de 2017, pero sin obligar al gobierno a emitir una política pública clara en la materia.

En materia de Internet, soslaya la protección y salvaguarda de la identidad, la privacidad y los datos personales por parte de las empresas y portales de Internet (distintos de los concesionarios de acceso a Internet), en una era de espionaje gubernamental e infiltraciones de empresas proveedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos, a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales. Permite bloquear, inhibir y anular señales de telecomunicaciones con el riesgo que conlleva para los derechos de libertad de expresión y de manifestación.

Para efectos de la neutralidad de redes, la iniciativa deja en indefinición jurídica y en riesgo de penas judiciales a los usuarios que compartan a través de la red contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales.

Mientras que la reforma constitucional de 2013 garantiza derechos humanos de nueva generación, a través del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión y del derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la iniciativa de ley compromete su cumplimiento y alcances.

La iniciativa de ley y su objeto de regulación son de interés general y por ello los abajo firmantes, miembros del Sistema Nacional de Investigadores, especialistas y posgraduados en materia de comunicación de diversas escuelas, facultades de comunicación y universidades del país públicas y privadas exhortamos al Congreso de la Unión, a las comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República y a los partidos políticos a ajustar en todo lo necesario el texto de la iniciativa de ley al sentido original de la reforma constitucional.

También hacemos un llamado a los siete comisionados que integran el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en el contexto de discusión de la iniciativa de ley secundaria defiendan las atribuciones, facultades y autonomía técnica y de gestión constitucionales del organismo regulador al cual sirven, so pena de socavar el interés público y el mandato de la Carta Magna en materia de derechos a la libertad de expresión, acceso a la información y acceso a las TIC.

Consideramos que los legisladores y reguladores del sector deben estar abiertos al conocimiento y experiencia en la materia de los científicos sociales del campo de la comunicación y de esta forma no sólo atender los intereses corporativos de los operadores.

Suscriben el documento

Por el Comité Ejecutivo 2013-2015:
María Elena Meneses Rocha, Presidenta; Rebeca Padilla de la Torre, Vicepresidenta; Vicente Castellanos Cerda, Secretario académico; Jorge Bravo Torres Coto, Secretario de investigación; Maricela Portillo, Secretaría de documentación; Erika Rueda Ramos, Secretaría del Comité Ejecutivo; Jorge Alberto Hidalgo Toledo, Secretario de divulgación; Rebeca Domínguez, Tesorera del Comité ejecutivo.

Por el Comité Científico de la AMIC:
Fátima Fernández Christlieb, Patricia Ortega Ramírez, Raúl Fuentes Navarro, Delia Crovi Druetta, Raúl Trejo Delarbre, Guillermo Orozco Gómez, Inés Cornejo Portugal, Florence Toussaint, Enrique Sánchez Ruiz.

Por los grupos de investigación y de trabajo que integran la AMIC:
Javier Esteinou, Roberto Sánchez (Políticas de comunicación), Luz María Garay Cruz (Comunicación y Educación), Aimée Vega Montiel, Josefina Hernández Tellez (Comunicación y Estudios de Género), Marta Rizo (Comunicación Intersubjetiva), Gabriel Pérez Salazar (Nuevas tecnologías, Internet y Sociedad de la Información), Francisco Aceves, Norma Pareja (Comunicación Política), Rafael Ávila (Comunicación integral en las organizaciones), Jerónimo Repoll (Teorías y Metodologías de la comunicación), Tanius Karam (Discurso,Semiótica y Lenguaje), Rodrigo Gómez (Economía Política de la comunicación), Edith Cortés (Comunicación Deporte y Sociedad), Alberto Carrera, Alma Rosa Alva de la Selva (Sociedad civil y Comunicación alternativa), Elvira Hernández Carballido (Estudios de Periodismo).

Por las Vocalías regionales de la AMIC:
Lucila Hinojosa Córdova (Vocalía Noreste), Luis Alfonso Guadarrama (Vocalía Centro), Martín Echeverría (Vocalía Sureste), Gerardo León (Vocalía Noroeste).

México, D.F a 1 de abril de 2014